01/07/2018

Pedro Ireneo Ávalos sufre poliomielitis desde sus primeros años de vida, es abogado y desde hace un año integra el comité asesor de la Agencia Nacional de Discapacidad y es el Director del Observatorio de las Personas con Discapacidad de C.A.B.A. Explica que su relación no es la mejor con las autoridades que ha designado el actual gobierno. 

¿Cuál es la situación de los discapacitados con el gobierno actual?

El artículo cuarto, inciso tercero de la Convención de los Derechos de las personas con Discapacidad, dice que es obligación de las autoridades del Estado consultar con las personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas antes de tomar una medida que afecte a las personas con discapacidad, y bueno... sabemos que la composición y la naturaleza del actual gobierno es particular, la mayoría son CEO's de empresas multinacionales y ellos no consultan, directamente deciden por uno y eso crea una relación tensa. 

En el carácter de responsable político por la situación de las personas con discapacidad, hemos llevado personalmente los reclamos a la Vicepresidencia de la Nación, a Gabriela Michetti, como también a la Superintendencia de Servicios de Salud, en el carácter de órgano de contralor de las Obras Sociales. También hemos llevado reclamos a la Agencia Nacional de Discapacidad, como responsable de la parte operativa vinculada a la situación de las personas con discapacidad, y no hay ninguna mejoría, así que la relación con el Estado Nacional no es la mejor.

¿Qué sucede con los bonos "Bonar 2020"?

Uno de los puntos principales de disidencia entre el Estado, el gobierno y las personas con discapacidad, pasa por la utilización de los recursos del fondo solidario de redistribución, para girarlos en la bicicleta financiera, a través del decreto 908 del 2016.

Esta situación lo que implica es que una parte muy importante de los recursos que se destinarían a las necesidades de las personas con discapacidad terminaron siendo producto de la especulación. Cuando salió el decreto se dispusieron de 14.260 millones de pesos, con un dólar a $15, esto implicaba casi mil millones de dólares.

En ese mismo año, el presupuesto de la Superintendencia era de 79 millones de pesos, de los 14 mil millones, o sea que prácticamente se llevaron dos presupuestos y medio, lo que equivale a 500.000 sillas de ruedas motorizadas. Y esto es realmente problemático porque cuando uno sustrae de los recursos destinados a las personas con discapacidad una suma de esta magnitud, genera un déficit importante y genera atraso en el pago de las prestaciones de servicio.

¿ Cuál es el rol de los prestadores de servicio y la SSS ante esta problemática?

Con los pagos de los prestadores hacen diferencia entre los grandes prestadores y los medianos. En otras palabras, los que tienen influencia reciben pagos ajustados y los prestadores individuales se ven asfixiados porque las demoras en los pagos son de mucho tiempo y muy importantes. Además se han burocratizado los procesos y se establecen plazos excesivos para la presentación de las facturas, limitaciones en el acceso al registro de prestadores y una serie de "trabas burocráticas", que lo que generan es la "bicicleta" en el pago de las prestaciones para los discapacitados.

Y esta situación de falta de pagos y de pretextos de la superintendencia hacia las obras sociales, tiene repercusión directa entre la relación entre las obras sociales y obviamente con las personas con discapacidad, porque necesitamos las prestaciones para continuar nuestra vida con el grado de normalidad que merecemos más allá de los problemas que se generan y que a menudo nos involucran en situaciones un tanto agresivas. 

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