Suspensiones y atrasos en las prestaciones por discapacidad

02/07/2018

A Matías, un niño de 8 años con discapacidad, le suspendieron su servicio de fonoaudiología y lo hicieron cambiar de colegio 3 veces en dos años por falta de pago por parte de la obra social. Karina tiene dos hijos con discapacidad, a quienes les quitaron sus terapistas aun después de haber iniciado un recurso de amparo a su obra social. Florencia tiene que pagar tres veces el valor que pagaba por el mismo servicio de kinesiología para su hijo. Amelie, Nadia y Soledad son maestras integradoras, y hace más de 6 meses no reciben el pago por sus prestaciones para personas con discapacidad. Por esa razón, se ven en un dilema entre suspender sus servicios o trabajar gratis.

Estos son solo algunos de los casos de personas con discapacidad y prestadores de salud que se ven afectados por el históricamente burocrático sistema de salud de la Argentina, que genera este círculo de irregularidades y falta de recursos sin fin, del que ninguna autoridad se quiere hacer cargo.

Pero ¿de dónde sale el dinero para pagar a los prestadores? ¿cómo es el financiamiento del sistema de salud y de las prestaciones por discapacidad? ¿quién es la autoridad encargada de distribuir los fondos? Esta investigación pretende dar respuesta a esos interrogantes y dar visibilidad a una problemática que afecta a la sociedad.

Según el Anuario Estadístico Nacional del Servicio Nacional de Rehabilitación (SNR), un relevamiento del año 2016, en el año 2016 se registraron 225.865 personas que poseen certificado de discapacidad (CUD). De ellos, casi el 75% no cuenta con cobertura médica. Sin embargo, eso no quiere decir que esa población se encuentra desamparada en cuestiones de salud. La ley 24.901, que regula el sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, en sus artículos 1°, 2°, 3° y 4°, señala que es de carácter obligatorio para las obras sociales y para el Estado el proveerles una cobertura de salud integral gratuita.

Ahora bien ¿de dónde proviene ese dinero para financiar las prestaciones de discapacidad y pagar a los profesionales que ofrecen servicios a discapacitados? Se financia con los aportes obligatorios de trabajadores y empleadores a través del Fondo Solidario de Redistribución (FSR), a cargo de la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS). El 15% de los aportes que cada trabajador y empleador realiza a las obras sociales se destina a este fondo, que se utiliza para pagar las prestaciones por discapacidad y tratamientos complejos y costosos.

Pedro Ávalos es uno de los afectados por la suspensión de su servicio de kinesiología, es abogado y director del Observatorio para las personas con discapacidad de la Ciudad de Buenos Aires. En una entrevista a este sitio, explicó que el dinero del Fondo Solidario de Redistribución (FSR) no alcanza dado que en el año 2016 el Gobierno Nacional, mediante un DNU, decidió el desvío de más de 25 mil millones de pesos del FSR para otras necesidades en el sistema de salud, y más de la mitad, 14 mil millones, los invirtió en bonos del estado. Ávalos explicó: "en ese mismo año, el presupuesto de la Superintendencia era de 79 millones de pesos, de los 14 mil millones, o sea que prácticamente se llevaron dos presupuestos y medio, lo que equivale a 500.000 sillas de ruedas motorizadas".

Esa extracción de dinero tuvo consecuencias económicas y sociales, que hoy están a la vista. Económicas, porque el Fondo Solidario de Redistribución tiene menos dinero del que debería, y eso genera atrasos en el pago a las obras sociales; y sociales, justamente, porque el hecho de que la Superintendencia lleve meses de atraso en el pago a los prestadores genera que se vean obligados a suspender los servicios a las personas con discapacidad, quienes sufren empeoramientos en sus condiciones de salud o psicológicas por este motivo. Pedro Ávalos lo explica así: "el prestador no puede hacer solidaridad, es una realidad y eso genera una serie de enfrentamientos. La obra social demora en los pagos y en otros cambia de prestador sin avisar y después de diez o doce meses de no pagarle a un psicopedagogo, dice: 'Bueno, ya es hora de cambiar al psicopedagogo porque este ya no trabaja más con nosotros' y no es así, si no que al no pagarles se buscan otro laburo para sustentarse".

Además de los atrasos en los pagos, el nomenclador de las prestaciones básicas para discapacitados no aumenta desde octubre de 2017 y, en esa oportunidad, sólo lo hizo en un 5%, mucho menos que la inflación.

La Superintendencia de Servicios de Salud, la entidad encargada de distribuir los fondos en el Sistema de Salud y de financiar las prestaciones por discapacidad, cambió el año pasado la modalidad de pago a las prestadoras. Puso en marcha a principios de 2017 el "mecanismo de integración", que funciona mediante transferencias bancarias desde el Fondo Solidario de Redistribución a cada cuenta bancaria de las obras sociales, pasando por AFIP, la entidad que realiza formalmente el traspaso del dinero.

El sistema es burocrático porque los Agentes del Seguro de Salud deben comunicar mensualmente a la Superintendencia de Servicios de Salud, con carácter de declaración jurada y mediante el formato de notificación fehaciente digital, el padrón de beneficiarios con discapacidad, detallando la nómina de prestaciones que reciben de acuerdo al Nomenclador de Prestaciones Básicas para Personas con Discapacidad, para poder recibir el dinero.

Según informan los propios afectados, el papeleo que solicita la Superintendencia de Servicios de Salud a las obras sociales es uno de los pasos donde se generan más retrasos e idas y vueltas que complican los trámites. Además, según aseguró Ávalos, la Superintendencia haría favoritismo hacia las obras sociales más importantes: "Con los pagos a los profesionales hacen diferencia entre los grandes prestadores y los medianos, es decir que los que tienen influencia reciben pagos ajustados y los prestadores individuales se ven asfixiados porque las demoras en los pagos son de mucho tiempo y muy importantes, además se han burocratizado los procesos y se establecen plazos excesivos para la presentación de la factura, limitaciones en el acceso al registro de prestadores y una serie de 'trabas burocráticas', que lo que generan es la 'bicicleta' en el pago de las prestaciones para los discapacitados". 

Según informa la Superintendencia de Servicios de Salud en los balances de las transferencias realizadas mediante AFIP a través del mecanismo de integración en el año 2017, el monto total de dinero transferido es de 4.937.024.615,97. Es decir, con los 26 mil millones que se extrajeron por el decreto 908, se podrían pagar más de 5 años completos de prestaciones a las obras sociales.

Los mil millones de dólares que fueron invertidos en la compra de Bonos del Banco Nación para el año 2020, serán devueltos con intereses, y en términos pocos claros, en poco menos de dos años. El decreto 908/2016 no explica cuáles fueron las condiciones de emisión de esos bonos, ni los intereses que generan y cada cuánto tiempo. Además, para la elaboración de esta investigación, se consultó al Banco de la Nación Argentina y a la Superintendencia de Servicios de Salud, en el marco de la ley de acceso a la información pública, y ninguna de las dos entidades respondió al requerimiento. 

Mientras tanto, las personas con discapacidad y los prestadores de salud sufren las consecuencias de las medidas económicas tomadas por el Gobierno Nacional, que sigue sin darles una respuesta esperanzadora. "Que nos devuelvan los mil millones de dólares que sacaron del Fondo Solidario de Redistribución y que los saquen de donde está hoy, de la bicicleta financiera", pide Pedro Ávalos, en nombre de todos.